Si bien existen esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no son suficientes y pueden mejorarse. Bajo ese llamado a la acción, siete países –incluido Panamá– se reunieron durante tres días, en Lima, Perú, para discutir y aprender sobre cómo enfrenta cada uno ese flagelo que se da en los mares y océanos de la región.

Se trató de un taller sobre pesca ilegal, legislación y procesos sancionatorios, organizado por la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Fundación MarViva y la Universidad Científica del Sur de Perú, del 30 de marzo al 1 de abril, en el mencionado centro educativo en Lima, Perú, con la presencia de autoridades de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y España.

El encuentro tuvo como propósito conocer sobre procedimientos administrativos y procesos judiciales alrededor de la pesca ilegal. Más que un taller, sería una oportunidad para que los participantes compartieran experiencias e información sobre las acciones que implementan para combatir este flagelo que afecta a todos los países.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que el 50% de las capturas a nivel mundial tienen un origen delictivo. Además, la pesca ilegal genera pérdidas a los Estados por un valor de $23.5 miles de millones anualmente, solo en el 2010 se extrajeron 32 millones de toneladas de peces sin reportar, según un reciente estudio en el tema.

Por parte de Panamá, se envió a dos representantes, personal de la Fiscalía de Circuito de la provincia de Veraguas (Ministerio Público) y de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).