El Gobierno de Brasil confía en que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) de París concluirá con un acuerdo ‘justo, equilibrado, ambicioso y duradero’, según manifestaron fuentes diplomáticas.

La delegación brasileña para la COP21, que se realizará en París entre el próximo lunes y el 11 de diciembre, estará encabezada por la presidenta Dilma Rousseff, quien asistirá con una delegación que, entre otros, integrarán el canciller Mauro Vieira y la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.

‘Esperamos que haya un mayor compromiso por parte de los países desarrollados’, declaró en una rueda de prensa el subsecretario de Medio Ambiente de la cancillería, José Antonio Marcondes.

El diplomático expresó que el acuerdo que se alcance en París debe ser ‘justo’ y reconocer las ‘distintas responsabilidades históricas que cada país tiene’ en relación al deterioro del medio ambiente y la generación de las condiciones que causan el cambio climático.

Igualmente consideró que deberá ser ‘equilibrado’ en cuanto a las metas para cada país, ‘ambicioso’ para lograr que en realidad se alcance el objetivo de impedir que la temperatura del planeta suba otros 2 grados centígrados durante este siglo, y ‘duradero’, para garantizar su efecto.

Las metas de Brasil en París ya fueron adelantadas por Rousseff el pasado 27 de septiembre, cuando intervino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El objetivo de Brasil, según la mandataria, será disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un 37% para 2025 con relación a los niveles de 2005, aunque añadió que esa rebaja puede llegar al 43% para 2030.

En ese sentido, señaló que Brasil garantizará que las energías renovables, incluida la hidráulica, representen el 45% de la red de generación del país, frente a la media global del 13%.

Asimismo ratificó que durante la próxima década la intención de Brasil es eliminar por completo la tala ilegal en la Amazonía y contrarrestar las emisiones de la deforestación autorizada.

En el mismo marco, Brasil se propone recuperar hasta el 2025 un área de 12 millones de hectáreas degradadas.