Y el fin de la minería del carbón en España llegó. El 1 de enero las 26 explotaciones de Asturias, Aragón y Castilla y León que quedaban en España –de las que ya solo 12 estaban en producción– tendrán que cerrar o devolver los más de 500 millones de euros que han recibido de ayudas públicas. A ese cierre se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea a principios de esta década, cuando Bruselas concedió la prórroga final a una actividad económica deficitaria que lleva más de 30 años de ocaso en España. En noviembre ya solo quedaban 2.046 trabajadores adscritos al régimen especial de la minería del carbón, frente a los 51.420 que había en 1985. Y el 90% del carbón que se quema en España para producir electricidad se importa ya de otros países como Colombia o Rusia.
La generación de electricidad con este combustible –el principal uso que se le da ahora al mineral– está también en el punto de mira de las políticas medioambientales por ser altamente contaminante. Además, esta actividad acumula alrededor del 15% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española. Las normas europeas van encaminadas a hacer desaparecer las centrales de carbón. Desde hace años funciona un mercado de emisiones que ahora obliga a las plantas a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO2 que expulsan a la atmósfera. La previsión es que ese precio siga aumentando. Además, Bruselas pone cada vez más trabas a los Estados a la hora de dar subsidios encubiertos a las plantas.
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