Las viejas tensiones entre los países sobre el ritmo que se debe imprimir a la lucha contra la emergencia climática y la necesidad de afrontar una reducción más ambiciosa de las emisiones más contaminantes han resurgido en vísperas de la clausura de la cumbre de Madrid.

Esas diferencias, que amenazan incluso con prolongar la cumbre hasta el sábado para tratar de cerrar un acuerdo que satisfaga a todas las partes, se centran en la futura regulación de los mercados de carbono o las medidas que se deben impulsar para ayudar a los países a diversificar su economía, en aquellos casos en los ésta depende casi exclusivamente de los combustibles fósiles.

Aunque estaba prevista inicialmente como una cumbre «de transición», ya que la conferencia no tiene que aprobar ningún documento imprescindible para que el Acuerdo de París entre plenamente en vigor en 2020, la cita sí ha cobrado una especial repercusión ante el cada vez más contundente mensaje de los científicos y la sonora demanda social de una acción más ambiciosa.

Los países discuten sobre cómo ayudar a aquellos que tienen una alta dependencia del petróleo a diversificar su economía, pero algunas partes insisten en que no es lo mismo activar mecanismos de asistencia a Estados como Nigeria o Ecuador que hacerlo a otros con un elevado PIB y renta per cápita como Arabia Saudí.

EFE