Un tribunal ecuatoriano tiene previsto dar sentencia el pr\u00f3ximo martes sobre un vertido de crudo que contamin\u00f3 en abril varias v\u00edas fluviales en la Amazon\u00eda, proceso legal al que preceder\u00e1 el lunes un \u00abTribunal \u00e9tico popular\u00bb, formado por expertos en derechos humanos contra los que consideran responsables.<\/p>\n
La sentencia se emitir\u00e1 en la ciudad Francisco de Orellana, tambi\u00e9n conocida como Coca, ante una demanda para la adopci\u00f3n de medidas cautelares en una acci\u00f3n de protecci\u00f3n exigida por un centenar de comunidades ind\u00edgenas afectadas por la contaminaci\u00f3n.<\/p>\n
DESASTRE EVITABLE<\/p>\n
M\u00e1s de 15.000 barriles, seg\u00fan grupos ind\u00edgenas, acabaron en los r\u00edos de la regi\u00f3n cuando tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazon\u00eda, en el oriente, hasta la costa ecuatoriana, se rompieron el 7 de abril debido a un desplome de tierra en una regi\u00f3n altamente s\u00edsmica y erosionada.<\/p>\n
Un desastre que los afectados consideran se podr\u00eda haber evitado porque, afirman en un comunicado, \u00abel Ministerio del Ambiente y las operadoras (de los oleoductos) supieron con antelaci\u00f3n del riesgo inminente del derrumbe que rompi\u00f3 la tuber\u00eda, sin que haya evidencia sobre las acciones tomadas con esa informaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
\u00abTampoco hay evidencia del despliegue de medidas efectivas y oportunas para contener el avance del derrame ni para notificar a las comunidades r\u00edo abajo sobre los peligros de la contaminaci\u00f3n\u00bb, indic\u00f3 una alianza de organizaciones ind\u00edgenas y derechos humanos.<\/p>\n
Responsables del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito, aseguran por su parte que cerraron las tuber\u00edas tan pronto como supieron de su rotura, y que el combustible derramado es b\u00e1sicamente la cantidad remanente desde las v\u00e1lvulas.<\/p>\n
E insisten en que ofrecieron agua, alimentos y m\u00e9dicos a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las empresas OCP y Petroecuador, la demanda concierne a los Ministerios de Energ\u00eda y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud P\u00fablica.
\nAFECTACI\u00d3N GENERALIZADA<\/p>\n
Presentada a finales de abril por un grupo de organizaciones civiles y religiosas, entre ellas la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda Ecuatoriana (CONFENIAE), la Federaci\u00f3n de Comunas Uni\u00f3n de Nativos de la Amazon\u00eda Ecuatoriana (FCUNAE) y los Vicariatos de Orellana, a la demanda se han sumado un centenar de dirigentes de las comunidades afectadas.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de los peligros para la salud de decenas de miles de personas, sostienen que la contaminaci\u00f3n del agua afecta a su sustento diario de la pesca y contaminado sus chacras (huertos).<\/p>\n
Durante el proceso, los demandantes afirmaron que se trataba del \u00abpeor desastre social y ambiental de los \u00faltimos quince a\u00f1os\u00bb y apelaron a la justicia, porque \u00abla misma evidencia de las instituciones demandadas muestra que ignoraron sistem\u00e1ticamente las alertas que les habr\u00edan permitido evitar el derrame\u00bb, y que la asistencia ofrecida despu\u00e9s fue simb\u00f3lica.<\/p>\n
La zona donde ocurri\u00f3 el vertido es una regi\u00f3n altamente s\u00edsmica por su proximidad al volc\u00e1n Reventador, donde son frecuentes los corrimientos de tierra.<\/p>\n
Fuente:\u00a0 EFE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"