MADRID, (EUROPA PRESS) –
Amnistía Internacional (AI) ha advertido este lunes de que la victoria de Daniel Ortega en las elecciones celebradas en Nicaragua augura un “nuevo y terrible” ciclo para los Derechos Humanos, en un país donde las violaciones a estos “se volvieron cada vez más comunes durante su Gobierno”.
“Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto en donde expresar una crítica en contra de su Gobierno los pone en grave riesgo”, ha lamentado la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas.
“Durante los últimos años, hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas”, ha agregado, antes de destacar que estas violaciones están “avaladas por un sistema judicial y una Asamblea Nacional sin independencia que solo existen para ponerle sello a la agenda represiva de Daniel Ortega”.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ha anunciado este lunes los resultados provisionales, según los cuales Ortega obtendría la reelección en las elecciones generales del domingo. Su nuevo mandato comenzará en enero de 2022.
Las elecciones estuvieron marcadas por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la libertad de prensa también estuvo en la mirilla del Gobierno y los medios de comunicación denunciaron restricciones y obstáculos que imposibilitaron el ejercicio de su labor.
Diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil nicaragüense llamaron a un paro electoral ciudadano en el país y a protestas en otros países. Los medios de comunicación informaron de poca afluencia de votantes y nicaragüenses se movilizaron en varias ciudades del mundo denunciando la grave crisis de Derechos Humanos y la imposibilidad de ejercer los derechos políticos en Nicaragua.
Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano electoral, registró más de 200 hechos de violencia política y actos de coacción electoral durante la jornada electoral, incluyendo la presencia de fuerzas parapoliciales en las cercanías de los centros de votación, así como intimidación y coacción hacia trabajadores del Estado para forzar su voto, ha indicado AI. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también dijo haber recibido información sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos.
“Este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas y garantizado la impunidad de crímenes del Derecho Internacional”, ha señalado Guevara, que también ha pronosticado “la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz”.
Por ello, ha pedido a la comunidad internacional hacer “más que apoyar a las valientes personas nicaragüenses que continúan luchando por sus Derechos Humanos”. “En la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará esta semana, los Estados miembros deben asumir colectivamente sin dilación la corresponsabilidad de proteger los Derechos Humanos de las personas en Nicaragua”, ha indicado.
A juicio de Guevara, “presionar” al Gobierno de Ortega es el “primer paso ante este contexto postelectoral”. “Los foros multilaterales deben hacer todo lo posible para lograr que las estructuras de represión e impunidad en Nicaragua dejen de ser intocables”, ha considerado.
Amnistía Internacional ha documentado violaciones a los derechos humanos incluyendo represión violenta y, en algunos casos, letal contra manifestantes, así como hostigamiento y criminalización de activistas sociales, personas defensoras de Derechos Humanos, abogados, abogadas y periodistas desde 2018. La Asamblea Nacional, controlada por el Gobierno, también ha aprobado una serie de leyes que afectan severamente el espacio cívico y ponen a los Derechos Humanos en riesgo.
Desde finales de mayo, 39 personas identificadas como opositoras al Gobierno, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia, han sido arrestadas “injustamente”, ha aseverado la ONG. “Algunas fueron sujetas de desaparición por cierto tiempo y detenidas en secreto durante meses antes de que se les permitiera contactar a un abogado o a sus familiares”, ha concluido.
Fuente: EUROPA PRESS
