El Consejo de Gabinete de Panamá, aprobó durante sesión de este martes, la Resolución N. 99-25, por la cual se autoriza al Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, para efectuar todas las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá LLC y las entidades públicas competentes, a fin de facilitar y asegurar los esfuerzos necesarios para la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Esta autorización, incluye suscribir, en nombre del Gobierno Nacional, los acuerdos que se requieran para la reanudación de operaciones y establecer los mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y facilitar la implementación efectiva de los compromisos asumidos.

Como consecuencia de una prolongada huelga, la empresa Chiquita, comenzó procedimientos de terminación de relaciones laborales de más de seis mil trabajadores y, posteriormente, notificó la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, invocando causa de fuerza mayor y lo dispuesto en los contratos vigentes con el Estado.

No obstante, el Gobierno Nacional, consciente del impacto social y económico de la suspensión de actividades, ha impulsado gestiones para obtener el restablecimiento de la operación, considerando la trayectoria de la empresa y su importancia en el desarrollo de la provincia de Bocas del Toro.

Por ello, se hace necesario establecer un canal coordinador de esfuerzos entre las distintas entidades del Estado, tales como: el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), entre otras, a fin de facilitar los esfuerzos por parte del gobierno para la reanudación económica y ordenada de las operaciones de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Aprueban proyecto de ley que reestructura la Autoridad ProPanamá

El Consejo de Gabinete de Panamá, aprobó también, el proyecto de ley 30-25, que restructura la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (ProPanamá) y la convierte en una oficina dependiente del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), manteniendo todas sus funciones, coberturas y eficiencia.

Este proyecto de ley, que debe ser sometido a aprobación de la Asamblea Nacional, modifica un artículo del Decreto Ley 6 de 15 de febrero de 2006, que reorganiza el Ministerio de Comercio e Industrias; se deroga la Ley 207 de 5 de abril de 2021, y se dictan otras disposiciones.

De acuerdo con la sustentación del proyecto de ley, la creación de la Autoridad ProPanamá, conllevó la estructuración administrativa que deben tener las entidades públicas conformadas por distintos niveles (asesor, fiscalizador, auxiliar y de apoyo con sus correspondientes cargos en la estructura de recursos humanos), lo que a su vez implicó, entre otras cosas, el incremento de la planilla estatal, en vez de la racionalización de los recursos que como Estado debemos administrar.

“Entendiendo el papel clave que desempeña la inversión extranjera directa para el país, el fortalecimiento de nuestro modelo económico, así como los desafíos contemporáneos en términos de eficiencia presupuestaria y la necesidad de una gestión más integrada de los recursos públicos, lleva a considerar la necesidad de la unificación de la institucionalidad y reestructurar las funciones que realizan el MICI y ProPanamá”, sostuvo el MICI.

La entidad, indicó que, este proyecto de ley, busca integrar funcionalmente a ProPanamá dentro de su estructura como ministerio, garantizando continuidad institucional, eficiencia presupuestaria y coherencia en la política pública de atracción de inversiones y promoción de exportaciones, con el respaldo técnico del sector privado y los principales actores de la estrategia económica nacional.

En función de lo anterior, el proyecto que se propone a la consideración de la Asamblea Nacional, tiene como finalidad la adecuación del entorno institucional de manera más coherente y que permita mejorar la competitividad de la economía de Panamá; mejorar la coordinación administrativa y fortalecer el impacto de las políticas públicas. Además, reducir el gasto público operativo, creando mayor eficiencia en las funciones de promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa.