El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones económicas directas contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, entre las que figura la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense.
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y se produce un día después del voto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela.
‘Las elecciones ilegítimas de ayer (domingo) confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano’, señaló Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.
Con esta designación, quedan congelados todos los activos que Maduro pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con él por parte de ciudadanos de EE.UU..
De este modo, Estados Unidos agregó a Maduro a la lista de trece funcionarios y exfuncionarios venezolanos a quienes sancionó la pasada semana por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.
Mnuchin agregó que queda abierta la puerta a más sanciones contra funcionarios venezolanos.
‘Cualquier persona que participe en esta ilegítima ANC podría ser expuesta a futuras sanciones por minar el proceso democrático y las instituciones en Venezuela’, subrayó.
En estos comicios, en los que la oposición no participó al considerarlos ‘fraudulentos’, se eligieron 545 representantes que además de tener la potestad para reescribir la Carta Magna, vigente desde 1999, podrán avanzar en la reordenación del Estado venezolano.
La elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado domingo, se desarrolló en medio de protestas organizadas por la oposición y dejó diez muertos, centros de votación incendiados y un número indeterminado de heridos.
FISCALÍA NO RECONOCERÁ CONSTITUYENTE
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó ayer la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se celebró el domingo.
‘Me dirijo al país para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial’, dijo ante periodistas la fiscal, convertida en los últimos meses en una de las voces más críticas contra el Gobierno.
‘Se va a acabar la libertad de expresión que ya está bien golpeada, el derecho a manifestar pacíficamente, públicamente. Todos los derechos políticos están en peligro, estamos frente a una ambición dictatorial’ prosiguió tras reiterar la ‘ilegitimidad’ de la votación.
La fiscal acusa al Ejecutivo de haber roto el hilo constitucional.