El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionó a Venezuela sobre las alegaciones de que los más de 3,000 detenidos durante las protestas del pasado febrero sufrieron torturas o tratos crueles y degradantes.

Por primera vez desde hace 12 años, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que hasta hoy revisará si el Estado cumple con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Durante su presentación inicial, el jefe de la delegación, José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, afirmó rotundo que la “Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todos”.

“En nuestro país contamos con un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos”, aseveró el ministro.

Una afirmación que fue rebatida minuciosamente a través de preguntas específicas por Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela.

“Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3,000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?”, cuestionó.