El gobierno de Costa Rica presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una propuesta de decreto ejecutivo para habilitar la técnica de la fertilización in vitro , la cual describió como un «avance» en el cumplimiento de la sentencia de esa entidad emitida en 2012.

El gobierno costarricense debió comparecer ante la Corte IDH , con sede en San José, para dar cuenta sobre el incumplimiento de la sentencia en el caso «Artavia Murillo y otros vs Costa Rica», en el que parejas que padecen infertilidad reclaman la imposibilidad de  usar la técnica de fertilización in vitro en el país para tener hijos.

Esta técnica de reproducción asistida quedó prohibida en Costa Rica en el año 2000 por una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que durante el proceso de fertilización se desechaban algunos embriones y que éstos se consideran vidas humanas bajo la ley costarricense.