Un aspecto crucial será garantizar medidas más duras para detener a los seleccionados para la deportación a fin de que no escapen para vivir sin autorización en los países de la Unión.

Más de medio millón de personas han arribado este año en busca de refugio o empleo, lo que ha provocado la mayor emergencia migratoria en varias décadas.

Pero de todos los que no obtienen asilo o residencia en el bloque de 28 naciones, menos del 40% son regresados a sus países de origen, lo que se considera un defecto grave de la política migratoria común.

En la reunión en Luxemburgo, los ministros del Interior de la UE acordarán que «se deben tomar las medidas para asegurar el regreso efectivo de los migrantes irregulares», de acuerdo con un proyecto de declaración al que tuvo acceso la Associated Press.

Las medidas incluyen el «uso de la detención como medida legítima de último recurso».

La UE tiene normas y leyes de asilo comunes para las personas a las que no se permite permanecer en el bloque, pero rara vez se las aplica de manera consecuente.

Con el arribo de miles de personas diariamente, las instalaciones fronterizas y de recepción están en el límite de su capacidad. Se considera que asegurar su retorno es una manera de aliviar la presión.

Según el borrador, los países de la UE prevén gastar más de 800 millones de euros ($900 millones) hasta 2020 para enviar de regreso a los que entran al bloque sin autorización.