París, (EFE).- El Consejo de Estado, la máxima instancia judicial administrativa en Francia, desestimó hoy el recurso de una asociación en favor de los derechos de los musulmanes y validó la decisión del Gobierno de prohibir portar abayas en los establecimientos públicos, que entró en vigor este lunes.

La corte consideró que la prohibición de esta vestimenta que cubre el cuerpo de las mujeres de la cabeza a los pies “no supone una amenaza grave y manifiestamente ilegal a una libertad fundamental”.

El Consejo de Estado estimó que este tipo de atuendo “se inscribe en una lógica de afirmación religiosa”, tal y como sostiene el Gobierno de Emmanuel Macron, que pretende con este tipo de leyes combatir el fanatismo religioso en un país azotado por los atentados yihadistas durante la década pasada.

Sin embargo, la Acción de los Derechos de los Musulmanes (ADM), la asociación demandante ante el Consejo de Estado, alega que esta medida aplicada en escuelas primarias y secundarias públicas “estigmatiza” a las personas de credo musulmán (unos 5 millones en Francia) y “representa una amenaza a sus derechos fundamentales en el plano social”.

Poco antes de divulgarse la decisión, el abogado de la ADM, Vincent Brengarth, dijo a EFE que la abaya es un vestido social, no estrictamente religioso, y adelantó que en caso de fallo en contra se plantearían presentar un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Desde la entrada en vigor de la norma este lunes 4, el Ejecutivo ha detectado esporádicos incumplimientos. Ese mismo día, informó que unas 300 alumnas se presentaron en las aulas con abaya, de las que 67 se negaron a desprenderse de ella.

No es la primera ley francesa que tiene como meta restringir vestimentas de connotación religiosa.

En 2004, empezó a proscribirse en las escuelas y liceos públicos los vestidos o signos con los que los alumnos “manifiestan de forma ostensible una pertenencia religiosa”. El objetivo de la ley en ese momento era sobre todo el velo islámico.

El Ejecutivo francés justifica estas medidas en la necesidad de garantizar el laicismo en la educación pública.