La Cámara baja de Brasil concluyó el martes el trámite previo a la votación en que hoy el pleno de ese órgano legislativo decidirá si el presidente, Michel Temer, será sometido a un juicio penal por presunta corrupción.

El gobernante brasileño ha sido acusado de obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Los cargos fueron analizados por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, instancias que señalaron que debido a la ‘falta de pruebas’, se debe rechazar las denuncias en contra de Temer, informa la agencia EFE .

La palabra final la tendrá el pleno del órgano legislativo que está convocado para tratar el tema durante una sesión que puede extenderse hasta quince horas. Para que las acusaciones sean tomadas se requerirá el voto de dos tercios de los diputados (342 votos).

A Temer le bastará contar con 172 votos a su favor para que la denuncia de la Fiscalía acabe siendo archivada, sin embargo podrá ser retomada por una vez el presidente brasileño concluya su mandato.

Esta es la segunda denuncia de la cual es objeto Temer. En el caso de la primera denuncia, en la cual se acusaba a Temer de corrupción pasiva, los cargos fueron negados por la mayoritaria base parlamentaria de la coalición gobernante, que obtuvo 263 votos frente a los 227 que reunió la oposición.

Ese poderío de la base oficialista se ha mantenido a pesar de que todas las encuestas de opinión consideran a Temer como el presidente más impopular que ha tenido el país en muchas décadas y le atribuyen el apoyo de entre el 3.5% y el 5% de los brasileños.

A esa falta de apoyo popular, Temer le ha opuesto su manejo de la política y ha dedicado parte de su agenda de las últimas semanas a reuniones con cientos de diputados, a los que ha intentado convencer de su inocencia.

Asimismo, a complacido a su base parlamentaria con la aprobación de polémicas normativas, como una que suaviza las leyes del combate al trabajo esclavo que ha motivado protestas de numerosos grupos de derechos humanos y ha sido criticada hasta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De momento la medida fue suspendida cautelarmente por la Corte Suprema bajo el alegato de ‘inconstitucionalidad’.

Aunque las normativas aprobadas por la gestión de Temer han sido adoptadas dentro del marco legal, la oposición ha denunciado esas iniciativas, todas promovidas por los sectores más conservadores de la coalición gobernante,

Temer también es acusado de ‘compra de votos’ dentro del órgano legislativo.