Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, hacen un exhorto urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto, durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con objeto de esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los derechos humanos. 

Asimismo, ante las recientes acciones de represión emprendidas contra diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela:
 

Repudian cualquier intento de manipulación que se haga del incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la disidencia política.

Condenan y rechazan firmemente la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos, durante la detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa, del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens, así como la orden de captura emitida contra el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 200) que les amparan, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre otros instrumentos internacionales aplicables.

Expresan su profunda inquietud por la utilización de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado venezolano para perseguir a los opositores políticos, lo que evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano.

Reiteran su profunda preocupación por la situación de todos los presos políticos en Venezuela y exigen su inmediata liberación, haciendo un urgente llamado a las autoridades venezolanas para que se respeten las garantías y libertades políticas de todos los ciudadanos venezolanos, así como la convocatoria de elecciones libres, transparentes y democráticas.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, al reiterar que sólo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave crisis que afecta a ese país hermano, reafirman su compromiso de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela. 

Los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el Gobierno, y, en concordancia con su Declaración del 23 de enero último, expresan lo siguiente:

Su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad.

Exhortan al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral.

Subrayan que no pueden haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos.

Toman nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

Toman nota de la decisión comunicada por la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas de 2017.

Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela, y basándose en la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas, en 2001, que a la letra dice “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”, el Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión.

Reiteran su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al Gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación.

Su reconocimiento a la labor y esfuerzos desplegados por Chile y México, en su participación para alcanzar un acuerdo entre las Partes, en la negociación promovida por la República Dominicana.