El diputado opositor venezolano Carlos Berrizbeitia anunció que no ejercerá su cargo debido a las amenazas que, según él, recibe de quienes lo involucran en el asesinato del legislador oficialista Robert Serra.

“Estoy solicitando un permiso en la Asamblea Nacional hasta que cesen las injurias, la persecución política y las amenazas por parte de los diputados Diosdado Cabello, Freddy Bernal (…) y los medios de comunicación del Estado, a quienes hago directamente responsables de cualquier acto en mi contra o contra mi familia”, declaró a los periodistas.

El día anterior al asesinato de Serra y su asistente María Herrera, atacados el 1 de octubre en el domicilio del parlamentario, Berrizbeitia dijo en la plenaria que los partidarios del Gobierno tenían “los días contados”.

Cabello y Bernal, entre otros oficialistas, interpretaron lo dicho por Berrizbeitia como una amenaza a sus vidas y, tras el asesinato de Serra y Herrera, denunciaron el asunto en la Fiscalía.

“Han utilizado todo el poder del Estado (…), orquestando una campaña de mentiras, tratando de crear una matriz de opinión en mi contra para pretender vincularme con tan viles y repudiables asesinatos, solo por las palabras que dije el martes 30 de septiembre”, remarcó.

Con esa campaña “están exponiendo mi vida e integridad física a grupos armados, como ya ocurrió en dos oportunidades, sumado a amenazas telefónicas y por redes sociales”, agregó sin ofrecer más detalles.

Recordó que las normas legales sobre el funcionamiento de la Asamblea garantizan el derecho de los diputados y diputadas de recibir protección a su integridad física. “Mi protección como diputado (…) es responsabilidad del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, quien sin embargo se ha ensañado con un discurso irresponsable en mi contra, lo cual no garantiza la protección obligada”, reiteró. Por ese motivo, insistió, no concurrirá “hasta que cesen las injurias”.

Los diputados oficialistas han hecho suya la denuncia del mandatario, de que detrás del doble asesinato está el expresidente colombiano Álvaro Uribe y “criminales” protegidos por el Gobierno de Estados Unidos, a quienes achacan la autoría “intelectual” de las muertes.