La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrenta en la semana que se inicia hoy una verdadera prueba de fuego, con dos votaciones decisivas, en sus esfuerzos para impedir que el Congreso le abra un juicio político con fines destituyentes.

El Gobierno y la oposición siguieron cabildeando votos el domingo de cara a la votación de hoy, en la que la Comisión Especial de 65 diputados creada por el Congreso para definir si existen méritos jurídicos para el probable juicio decidirá si aprueba en que su instructor recomienda darle continuidad al proceso.

Como ambas partes dan por hecho que la apertura del juicio será respaldada por la Comisión Especial, las negociaciones tienen como fondo la votación inicialmente prevista para el próximo viernes, que puede prolongarse a sábado y a domingo, en que el plenario de la Cámara de Diputados se pronunciará sobre el juicio.

El proceso seguirá adelante si es apoyado el lunes 18 por la mayoría simple en la Comisión Especial pero solo será remitido al Senado con el respaldo de la mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos) en el plenario de la Cámara baja.

Es decir que la jefe de Estado necesita que 172 diputados voten contra la apertura del juicio político, se abstengan o se ausenten el día de la votación para obligar a la dirección de la Cámara de Diputados a archivar el proceso.

Al menos cuatro partidos que suman 94 votos ya se pronunciaron claramente en favor de Rousseff: el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), con 57 diputados; el Partido Democrático Laborista (PDT), con 20; el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), con 11, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con seis.

Rousseff también cuenta con el apoyo de disidentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB).

El Partido Progresista (PP), tercera mayor formación en la Cámara baja con 48 diputados, también anunció su apoyo al Gobierno.