El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó ayer a regañadientes una ley que impone nuevas sanciones contra Rusia, al subrayar su ‘preocupación’ porque limita su poder para levantar ese castigo sin la aprobación del Congreso.
La ley, aprobada la pasada semana por abrumadora mayoría bipartidista en las dos Cámaras del Legislativo, contempla sanciones que afectan a la industria petrolera y minera de Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones de 2016 en EE.UU. para perjudicar a la demócrata Hillary Clinton, derrotada por Trump.
La legislación, que incluye sanciones contra Corea del Norte e Irán por sus programas armamentísticos, también penaliza a Rusia por su actividad militar en el este de Ucrania y su anexión de Crimea en 2014.
Asimismo, la ley busca castigar a ciudadanos rusos implicados en violaciones de derechos humanos, responsables de ciberataques e individuos que hayan suministrado armas al Gobierno de Siria.
Trump firmó el texto de manera discreta, sin cámaras de televisión en el Despacho Oval que difundan la rúbrica como en otras ocasiones, en las que la Casa Blanca ha querido dar un realce mediático a las decisiones del presidente.
No en vano, la promulgación de la ley trunca, de momento, el deseo del mandatario de mejorar las relaciones bilaterales con el Kremlin, anhelo que se ha topado con el escepticismo de legisladores republicanos y demócratas y las investigaciones sobre los posibles lazos entre la campaña de Trump y Rusia en los comicios de 2016.
El gobernante republicano ha negado cualquier intento ruso de influir en los comicios, pese a que los servicios de espionaje estadounidenses sostienen que la inteligencia rusa orquestó ciberataques para ayudar al magnate neoyorquino en la campaña. El presidente incluso ha calificado de ‘caza de brujas’ las investigaciones en curso en el Congreso.
RETROCESO DE TRUMP
La firma de la ley supone una derrota para el Gobierno de Trump
En un comunicado, el propio mandatario tildó ayer la legislación de ‘considerablemente defectuosa’ y alegó además que la medida ‘sustituye la autoridad constitucional exclusiva del presidente’.