De forma unánime el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, el martes, 6 de septiembre,  el proyecto de Ley Nº 357 que desarrolla la Carrera Penitenciaria e incorpora al Instituto de Estudios Interdisciplinarios, modifica la Ley 55 de 2003 y dicta otras disposiciones.

Este proyecto busca que el Sistema Penitenciario panameño cuente con un cuerpo de funcionarios disciplinado, con estabilidad laboral y con una estructura de jerarquía.

Una vez sancionada la Ley, por parte del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, se contará con un sistema de reclutamiento y selección, de concursos y evaluación para los ascensos, cursos de formación y especialización de excelencia, así como de derechos, deberes y obligaciones y un régimen disciplinario, orientados todos al mejoramiento del desempeño profesional y ético.

En ese sentido, la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, enfatizó, que el reto que les espera como autoridades es enorme, pero se ha logrado lo más importante que es, que la Asamblea Nacional entendiera la importancia de este proyecto y ahora le tocará al Ministerio de Gobierno y al Sistema Penitenciario trabajar en una implementación efectiva el próximo año, puesto que tomará un año la implementación de la Ley.

Mientras tanto, los diputados resaltaron la importancia del proyecto de Ley para el país y mostraron su completo apoyo por el proyecto y respaldo a las autoridades del Ministerio de Gobierno para los recursos necesarios de cara a la implementación de la Ley una vez entre en vigencia.

Es importante destacar, que la propuesta original del proyecto de Ley de Carrera Penitenciaria estuvo sustentada en un estudio comparativo que efectuó el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile de las leyes de Carrera Penitenciaria de Chile, Perú y Colombia; estudio que fue realizado gracias al Proyecto de Cooperación en Seguridad con Panamá (SECOPA) financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante la aprobación en tercer debate acompañaron a la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero; la secretaria general del MINGOB, Maritza Royo; el director del Sistema Penitenciario, Mario Chan; la directora de la Academia de Formación Penitenciaria, Gisell Castillo; la subdirectora del Sistema Penitenciario, Sharon Díaz, así como otros directores institucionales del MINGOB.

Como parte de las modificaciones efectuadas a la Ley 55 de 2003, el Cuerpo de Custodios Penitenciarios será el encargado de velar por la seguridad del perímetro exterior de los centros penitenciarios, así como de la custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad en los traslados y permanencias de éstos fuera del centro. 

Además, se establece que de manera transitoria la seguridad externa y los traslados de las personas privadas de libertad será ejercida por los custodios penitenciarios y la Policía Nacional de forma conjunta, hasta tanto el Cuerpo de Custodios Penitenciarios reemplacen de manera total a la Policía Nacional en esta función.

Por otra parte,  se establece entre las funciones del director general del Sistema Penitenciario conceder permisos de salida tendientes a lograr la reinserción social del privado o la privada de libertad durante la ejecución de la pena. 

En los casos de depósito domiciliario u hospitalario, corresponderá otorgarlos al Juez de Cumplimiento en donde opere el Sistema Penal Acusatorio, previa evaluación del Departamento de Salud Penitenciaria y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con el Sistema Penal Acusatorio, que crea la figura del juez de cumplimiento, éste último será el responsable de mantener el cómputo de la liquidación de la condena del penado y de todas las causas que tuviese pendiente.  

Cabe mencionar, que en la actualidad, el Sistema Penitenciario cuenta con poco más o menos 900 custodios para un total de 17 mil personas privadas de libertad y el IEI cuenta con unos 165 custodios y 30 técnicos para una población de 1,235 adolescentes en cumplimiento de pena y medidas de protección.