La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones, apeló ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en un intento de suspender el proceso que le puede costar el cargo, mientras aguarda que se fije la fecha definitiva del juicio aprobado por el Senado.

La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, el cual explicó que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de ‘víctima’ de un proceso ‘ilegal’.

La medida cautelar es un mecanismo que la CIDH, órgano autónomo de la OEA, adopta cuando cree que hay urgencia a la hora de proteger los derechos de una persona o grupo al existir una situación de riesgo, mientras que las denuncias del sistema de casos suelen tardar años en resolverse por la complejidad del trámite y el retraso procedimental debido a la falta de fondos de la entidad.

El PT anunció sus solicitudes a la CIDH horas después de que el pleno del Senado brasileño aprobara por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será efectuada a finales de este mes.

No obstante, la CIDH, creada en 1959, vive ahora la peor crisis financiera de su historia y denuncia repetidamente que su retraso de años a la hora de procesar las denuncias se debe a su crónica insuficiencia de recursos económicos para poder dar respuesta a las miles de solicitudes que recibe cada año de países de todo el continente, informa la agencia Efe.