Michel Temer, un abogado de 75 años que acompañó a Dilma Rousseff como vicepresidente, se convirtió en el mandatario de Brasil solo tres horas después de que se anunciara la destitución de su antigua compañera de fórmula, sometida a un juicio político que acabó por desalojarla del poder.

En la misma jornada en la que hizo el juramento protocolario, dejó como interino a Rodrigo Maia, elegido presidente de la Cámara de Diputados hace pocas semanas y ahora el primero en la línea de sucesión en un país que ya no tiene vicepresidente.

En ninguna de las ceremonias, al igual que ocurrió en la investidura de Itamar Franco, quien en 1992 heredó la presidencia después de la destitución de Fernando Collor de Mello, hubo imposición de la banda presidencial.

El nuevo presidente de Brasil cumplió con una primera reunión con sus ministros, a los que encargó ‘desmontar’ con su trabajo la tesis de ‘golpe’ que sostiene la ya expresidenta Rousseff.

‘Nosotros no promovimos una ruptura constitucional’ y ‘hemos sido de una discreción absoluta’ frente al juicio político que enfrentó Rousseff y que hoy acabó con su destitución, decidida por el Senado por 61 votos a favor y sólo 21 en contra, afirmó el nuevo mandatario brasileño.

Poco después, Temer partió hacia China para asistir a la Cumbre del G20, en la que hará su estreno internacional.

En el marco del G20, Temer tendrá sus primeras reuniones con los líderes de otros países, de los que hasta ahora había mantenido una ‘prudente’ distancia, según sus propias palabras, debido a su condición de mandatario interino, que acabó ayer.

Por su parte, Rousseff denunció que su destitución constituye la consumación de un ‘golpe de Estado’ en el país y convocó a una ‘enérgica, determinada y firme oposición a los golpistas’, recoge la agencia Efe.

Según la expresidenta, su destitución constituye una votación indirecta por la que 61 senadores sustituyeron la determinación de los 54 millones de electores que la votaron para su segundo mandato, en 2014.

La exmandataria fue hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del Gobierno con la banca pública.

Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador han condenado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ‘el golpe de Estado parlamentario’ en Brasil.

La defensa de Rousseff puede recurrir la sentencia.