Durante una reunión con el presidente de Transparencia Internacional José Ugaz, el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela junto a la Vicepresidenta y Canciller de la República Isabel De Saint Malo de Alvarado compartió las medidas que lleva a cabo el gobierno para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

El jefe de Estado repasó las medidas que se ejecutan y las leyes que se han impulsado y aprobado para garantizar el efectivo y racional manejo de los recursos del Estado.

En lo relativo al fortalecimiento de la institucionalidad, el presidente Varela señaló el respaldo a la Ley de Carrera Judicial.

Esta norma que había sido presentada en 2008 como parte de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia representa un paso importante en el proceso de profesionalización y modernización del Órgano Judicial.

A la par resaltó que por primera vez en la historia, el Gobierno realizó una convocatoria pública a fin de elegir a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Después de un proceso transparente del que participaron y aportaron diversos sectores de la sociedad civil,  fueron elegidos –de una lista de 153 aspirantes-  dos profesionales para estos cargos.

Conforme con el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 preparado por la organización Transparencia Internacional Panamá registra avances en su lucha contra la corrupción.

El istmo avanzó dos lugares con respecto al mismo reporte de la organización para 2014. Panamá quedó situada en el puesto 72, de un total de 168 países– con 39 puntos –en un marcador donde 100 significa altamente transparente y 0 altamente corrupto–.

Ugaz expresó que ello era un reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno en transparencia.

El Presidente mencionó su complacencia por la próxima Conferencia Internacional contra la Corrupción, a celebrarse en Panamá en diciembre próximo. En este sentido, mostró el interés del Gobierno en que uno de los temas a abordar en la Conferencia tenga vinculación con la iniciativa anunciada el pasado 2 de enero en el sentido establecer nuevas normativas y compromisos en materia ética y transparencia en la función pública.

En 2014 Panamá obtuvo un puntaje de 37; mientras que el año anterior fue evaluado con  35 puntos, y en 2012 obtuvo una puntuación de 38.

El informe destaca que las puntuaciones de los países pueden ser positivas donde existen mecanismos de gobierno abierto, a través de los cuales el público puede exigir que sus dirigentes rindan cuentas.