Los gobiernos tienen la responsabilidad y el reto de actuar en beneficio de las mayorías y no permitir la impunidad, aseveró la Vicepresidenta y Canciller Isabel De Saint Malo de Alvarado, ante el I Foro para Fortalecer el Diálogo Regional en Materia de Transparencia en la Inversión y Proyectos de Infraestructura, organizado por el Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Vicepresidenta y Canciller, reflexionó sobre las medidas y acciones adoptadas contra la corrupción para asegurar la transformación de la vida pública, cumplir con la transparencia, proteger los intereses de la nación panameña y fortalecer la imagen de Panamá a nivel internacional como un país que supo asumir su responsabilidad, luchar contra la corrupción, proteger su sistema financiero y logístico, avanzar en el desarrollo sostenible y fortalecer su democracia, una de las más estables de la región.
Cabe subrayar, que de los dineros recuperados de la corrupción que superan los 400 millones de dólares, se han utilizado unos 342 millones de dólares para cumplir con pagos adeudados a 500 mil ex trabajadores públicos y privados, de la bonificación anual que se les debía hace más 40 años. Simultáneamente, se invirtió 7% del PIB anual en infraestructura pública, que está cerca de 3,75 mil millones de dólares por año. Se construyen más de 2 mil kilómetros de carreteras; 100 mil casas; seis hospitales; 20 escuelas; 22 kilómetros de la línea 2 del metro; una terminal de cruceros en el Pacífico; un nuevo centro de convenciones y 2 nuevas plantas de tratamiento de agua y 4 plantas potabilizadoras.
Panamá, uno de los países más seguros de América, tiene el crecimiento económico más alto de América Latina; una inflación inferior al 1% y desempleo inferior al 5,1%. La inversión extranjera ha aumentado en un 15%, se redujo el déficit fiscal del 6,5% al 1% y se aumentaron los salarios a 40 mil maestros, 50 mil trabajadores de salud pública y a más de 25 mil agentes de seguridad.
Durante el Foro, se concordó en que el equilibrio está en controlar y no paralizar la gestión, en luchar contra la corrupción sin mermar las eficiencias, lo cual resulta necesario para modernizar la infraestructura para el crecimiento y desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, región que requiere una inversión anual de alrededor de 5% del PIB para modernizar la infraestructura.
Para esto, se enfatizó en los marcos institucionales y legales para sancionar la corrupción, preservando la continuidad de las inversiones. Igualmente, en la participación de la sociedad civil en procesos de seguimiento de las contrataciones públicas y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para asegurar la transparencia de la inversión pública.