Con el interés de proteger a importantes sectores de la economía panameña y cumplir con los estándares internacionales de transparencia y diligencia debida, el Consejo de Gabinete aprobó este martes el anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este anteproyecto es el resultado de un diálogo entre el sector público y el privado que se viene realizando desde el último trimestre del año 2014 y que forma parte de la iniciativa “Panamá Unido contra el Blanqueo de Capitales”, cuyo fin es conseguir que la Nación sea excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con la normativa propuesta, el Gobierno de la República de Panamá salvaguarda a empresas y trabajadores en sectores claves de la economía panameña, tanto financieros como no financieros, y abre paso a una nueva era de transparencia para el país y de cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El anteproyecto refuerza los sistemas de control y supervisión ya establecidos para la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general. Y al mismo tiempo, permite mejorar los reportes de transacciones sospechosas, al incluir como “sujetos obligados”  a reportar y cumplir lo dispuesto en esta Ley a sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y Lotería Nacional de Beneficencia, entre otras.