El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante un conversatorio con los medios de comunicación reiteró que el contrato con Minera Panamá, con sus respectivas modificaciones aprobadas por el Consejo de Gabinete, “es bueno para el país”, ya que representa, entre otros beneficios, la entrega al Estado panameño de cerca de B/.800 millones.

“Este contrato es bueno para el país, para los más de 114 mil jubilados y pensionados; es bueno para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte; es bueno para los tres distritos colindantes con la mina, cuyos corregimientos son muy vulnerables, y es bueno para mejorar la calidad de la educación, porque se destinan B/.20 millones para el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador”, sostuvo el presidente durante la habitual conferencia de prensa que realiza en la Gira de Trabajo Comunitario, esta vez en Veraguas.

Cortizo Cohen explicó que una vez aprobado y sancionado este contrato, el Estado panameño se asegura de ingresos provenientes de la empresa a través de dos cheques, uno correspondiente al año 2022 por B/.395 millones y otro por B/.375 millones; es decir, alrededor de B/.800 millones.

Indicó que es un contrato que pasa de B/.35 millones que pagaba la empresa minera a B/.375 millones ahora que serán destinados para obras en los distritos colindantes con la mina; para el IVM de la CSS, para el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador, así como un aumento a los jubilados y pensionados para que ninguno reciba una pensión por debajo de los B/.350 mensuales.

Explicó que las modificaciones aprobadas por el Gabinete luego de que se consideraron vinculantes las opiniones de la población durante el primer debate del proyecto en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, pasará ahora para refrendo de la Contraloría General de la República y, posteriormente, a los respectivos debates en el Legislativo.

Con respecto a la próxima cumbre de presidentes latinoamericanos para analizar el tema migratorio, que se efectuará en Chiapas, México, el presidente Cortizo Cohen destacó que espera que en ese encuentro los gobernantes “nos pongamos de acuerdo” para lograr un flujo ordenado y  que en ese proceso de ordenamiento se respete los derechos humanos de miles de personas que toman la decisión de atravesar “la jungla de la muerte”.

“Tenemos que ponernos de acuerdo como hermanos latinoamericanos, tenemos que llegar a un acuerdo; entiendo la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el bloqueo a Venezuela y las causas de la migración, pero tenemos que llegar a un acuerdo e ir avanzando en mejorar las condiciones de vida de las personas”, señaló.

Precisó que hasta ahora han confirmado nueve presidentes de la región para la Cumbre que se efectuará en Chiapas, incluyendo a los mandatarios de Venezuela, Colombia y Costa Rica, entre otros.

Destacó que espera que esa reunión del 22 de octubre esté alejada de la retórica que sigue imperando en la mayoría de este tipo de encuentros. Indicó que los mandatarios ya han observado el tema de la migración, hay que ir analizando, hacer recomendaciones y aterrizar con propuestas;  “no queremos retórica”, insistió el presidente.

Con respecto a las reformas electorales que debate la Asamblea Nacional, dijo que prefería no referirse a ese tema que aún está pendiente de aprobación por el Legislativo y que en su momento debe analizar cuando sea enviado para la sanción por el Ejecutivo.

También señaló que no está de acuerdo con las sanciones impuestas por el TE a algunos periodistas con relación a publicaciones efectuadas a través de redes sociales sobre los candidatos que participarán en la próxima campaña electoral.

Reiteró que en 51 meses de su administración no ha llamado a ningún dueño de medio o periodista para reclamarle por una noticia o comentario, a pesar de saber perfectamente que está equivocado en sus argumentos. “Esa es la democracia, yo la he respetado y voy a seguir respetando la libertad de expresión”, dijo Cortizo Cohen, quien recordó que en un reciente encuentro, la Asociación Panameña de Radiodifusión reconoció que su gobierno nunca ha llamado ni coaccionado a algún medio o periodistas por noticia publicada.

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