Caja de Ahorros, reconocido como el banco líder en el otorgamiento de viviendas sociales y preferenciales en el país, reafirma su compromiso con las familias panameñas para hacer realidad el sueño del hogar propio. Actualmente, la entidad aporta el 13% de los créditos hipotecarios en el Sistema Bancario Nacional, destinando un 20% de esa cifra a la ley preferencial, con el objetivo de mitigar el déficit habitacional en Panamá.

Con una cartera acumulada de más de 68,000 hipotecas que suman un total de B/.2,900 millones, Caja de Ahorros se posiciona como el segundo banco en el ranking hipotecario nacional. Desde inicios de 2024, ha desembolsado más de B/.279 millones en hipotecas, de los cuales el 67%, equivalente a B/.187 millones, corresponden a préstamos bajo la Ley Preferencial, beneficiando a aproximadamente 2,700 familias.

De cara al cierre del cuarto trimestre de 2024, se anticipa un desembolso adicional de B/.75 millones, que favorecerán a más de 1,000 familias, en línea con las iniciativas del Gobierno Nacional enfocadas en el crecimiento del sector inmobiliario y el fortalecimiento del bienestar social y familiar en el país.

Andrés Farrugia G., gerente general de Caja de Ahorros, destacó: “Como brazo financiero del Estado y uno de los principales motores de la economía nacional, continuaremos creando oportunidades de acceso al crédito mediante nuestros productos y servicios competitivos, para que más personas puedan realizar su anhelo de una casa propia, apoyar a los inversionistas y dinamizar los recursos del país”.

Con 90 años de trayectoria al servicio de Panamá, Caja de Ahorros se reafirma como el banco de respaldo de las familias panameñas y un aliado estratégico en proyectos que benefician a la población. En este nuevo quinquenio, la entidad impulsará una ruta de transformación y digitalización, optimizando procesos y facilitando la autogestión de sus clientes a través de canales digitales, a la vez que se compromete a mantener la calidad de sus carteras y controlar la morosidad, con estándares exigidos por corresponsales y calificadoras de riesgo internacionales, asegurando el crecimiento sostenible y el bienestar del país.

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