La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su solicitud de 109 millones de dólares para el próximo periodo fiscal. La propuesta tiene como objetivo cubrir las necesidades operativas y académicas de una comunidad estudiantil de aproximadamente 22,000 alumnos, en un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios a todas las universidades públicas del país.
Actualmente, la UNACHI cuenta con alrededor de 4,000 docentes y 4,000 administrativos, una proporción que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diputados y analistas, dado el número de estudiantes registrados.
Uno de los puntos más debatidos durante la sesión fue el pago de sobresueldos a 135 funcionarios, lo que representa un gasto anual de aproximadamente 2.3 millones de dólares. Estos pagos, según explicó la administración universitaria, se sustentan en un proceso de equiparación salarial con la Universidad de Panamá, amparado por la ley vigente.
Asimismo, se reveló que la rectora de la UNACHI percibe un salario base de $7,500 mensuales, además de $3,000 en concepto de gastos de representación, lo que también ha generado debate público sobre el uso de los fondos asignados.
Otro aspecto señalado fue el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria en el área de inversión, lo cual podría reflejar deficiencias en la planificación y uso eficiente de los recursos públicos. Las autoridades universitarias argumentaron que los márgenes de maniobra son limitados debido a compromisos laborales y legales previamente adquiridos.
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En cuanto a la posibilidad de reducir personal para optimizar el gasto, se advirtió que despidos podrían acarrear demandas laborales, ya que el personal cuenta con estabilidad jurídica amparada por el régimen laboral público.
En medio de un panorama económico nacional restringido, con una creciente presión sobre las finanzas públicas, las autoridades gubernamentales han reiterado que “el país no puede gastar lo que no tiene”, una frase que resume la postura oficial frente a las solicitudes presupuestarias del sector público, incluyendo las universidades.
