Con el objetivo de avanzar en la planificación del proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, el Ministerio de la Presidencia llevó a cabo la primera reunión interinstitucional de coordinación, en la que participaron diversas entidades del Estado. La iniciativa busca fortalecer la integración energética regional y beneficiar a comunidades históricamente excluidas del sistema eléctrico.

Durante el encuentro, la comisión interinstitucional recomendó iniciar acercamientos con las comunidades ubicadas en el trazado previsto de la línea de transmisión, como paso previo al inicio de obras. La propuesta se enfoca en escuchar sus necesidades prioritarias en sectores como salud, educación, infraestructura y electricidad, y responder de forma inmediata a sus demandas.

“Queremos que las comunidades sientan la mano del gobierno de antemano. No se trata solo de definir el esquema de lo que se puede hacer, sino también de darle mantenimiento a esas obras”, expresó el ministro de la Presidencia, Carlos Orillac, quien encabeza la comisión de coordinación del proyecto.

El funcionario también destacó que la instalación de las torres eléctricas generará empleos en las áreas rurales, por lo que es clave integrar a las comunidades en todas las fases del proyecto.

Uno de los principales acuerdos de la reunión fue la creación de mesas de trabajo quincenales con personal designado específicamente para establecer contacto directo con las comunidades locales. Esta estrategia permitirá garantizar una comunicación fluida y la implementación de soluciones en el corto plazo.

La Línea de Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá tendrá una extensión aproximada de 500 kilómetros y capacidad para transportar 400 megavatios (MW). En territorio panameño, la línea partirá desde la ciudad de Panamá, atravesará Alto Bayano, Agua Fría, la Comarca Guna Wargandí y llegará a Mulatupu, en la Comarca Guna Yala. Desde allí continuará en un tramo submarino por el mar Caribe hasta Necoclí, en Colombia.

La construcción está programada para iniciar en el segundo semestre de 2026 y culminar en el primer semestre de 2029, según estimaciones de la Secretaría Nacional de Energía.

Este proyecto es considerado estratégico por su potencial para mejorar la seguridad energética de ambos países, promover el desarrollo económico y ambiental, y conectar a comunidades aisladas a la red eléctrica nacional.

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El proyecto fue ratificado por los presidentes de Panamá y Colombia, José Raúl Mulino y Gustavo Petro, respectivamente, durante una reunión bilateral celebrada en marzo de 2025 en el Palacio de las Garzas, donde firmaron una declaración conjunta que prioriza la ejecución de esta obra de infraestructura.

A la reunión interinstitucional asistieron los ministros de Salud, Obras Públicas, Ambiente (encargado), la viceministra de Asuntos Indígenas, el Secretario Nacional de Energía, y representantes de ETESA, ASEP y la Oficina de Electrificación Rural, entre otros.

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