Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en conjunto con el Tribunal de Cuentas han revelado irregularidades en el manejo de fondos públicos que superan los B/.57 millones, como parte de los esfuerzos por fortalecer el control fiscal y proteger el patrimonio estatal.
De acuerdo con el contralor general, Anel Flores, uno de los principales obstáculos en la recuperación de bienes del Estado ha sido el retraso entre la investigación y la aplicación de medidas cautelares, el cual ha llegado a extenderse hasta por cuatro años. Esta demora ha permitido que muchos bienes ya no estén disponibles al momento de aplicar las sanciones, limitando la efectividad de las condenas.
“Existen condenas que superan los B/.70 millones, pero hasta ahora solo se han podido asegurar cerca de B/.20 millones, porque muchos bienes ya no están disponibles al momento de dictar las medidas”, advirtió Flores.
Como resultado de la implementación de la Resolución N.° 12-3126, se han emitido 40 órdenes de incautación, logrando asegurar bienes por un valor superior a B/.24 millones. Esta normativa busca actuar de manera más rápida y dentro del marco legal, garantizando el debido proceso y la protección efectiva de los recursos públicos.
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Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco, explicó que las medidas precautorias están respaldadas por la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, las cuales permiten su aplicación dentro de los procesos fiscales. Franco subrayó que estas acciones deben ser proporcionales, basadas en indicios claros de irregularidad y sujetas al control de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que podrá suspenderlas cuando lo considere necesario.
Ambas instituciones coincidieron en que esta colaboración representa un avance significativo hacia una justicia fiscal más eficiente, transparente y oportuna, centrada en recuperar los recursos que legítimamente pertenecen a todos los panameños.
