El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la reasignación del Presupuesto General del Estado 2026, que se mantiene en un monto global de $34,901 millones, destacando un plan de inversión pública por $11,188 millones, con énfasis en sectores clave de Panamá como educación, salud y agro.
Durante la presentación del presupuesto revisado, el ministro explicó que las modificaciones fueron aprobadas por el Consejo de Gabinete, tras incorporar recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Estas reasignaciones priorizan áreas sociales y de desarrollo productivo, respondiendo a necesidades urgentes del país.
En educación se destinan $104 millones adicionales para infraestructura educativa y proyectos escolares, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje a nivel nacional.
El sector salud recibe un impulso significativo con: $319.5 millones para la compra de medicamentos, $95 millones para la adquisición de instrumental médico, $26 millones adicionales al presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA), incluyendo $10 millones específicamente para el Instituto Oncológico Nacional.
Al sector agropecuario se asignan $31.5 millones más para fortalecer la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas informó una asignación adicional de $57.5 millones para cumplir con lo establecido en la Ley de Medicamentos, mejorando la capacidad de respuesta del sistema público de salud y el acceso a tratamientos esenciales.
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El gobierno proyecta una reducción del déficit fiscal, que pasaría del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Esta meta forma parte de la estrategia económica para estabilizar las finanzas públicas y fortalecer la confianza de los mercados.
“Estamos enfocados en mantener el equilibrio entre la disciplina fiscal y la atención prioritaria de las necesidades sociales del país”, afirmó Chapman.
Con este ajuste presupuestario, el Ejecutivo busca avanzar en proyectos de alto impacto social sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
