El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó las críticas sobre la creación de la Unidad de Asuntos Legales, y aseguró que dicha instancia no constituye “una procuraduría paralela”, sino una estructura del Estado destinada a actuar como querellante bajo la coordinación del Ministerio Público.

Durante sus declaraciones, el mandatario afirmó categórico:   “Yo no he contratado una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos, como lo hizo Varela”.

Mulino explicó que la unidad estará integrada por funcionarios del Estado que, coordinados con el Ministerio Público, podrán constituirse en querellantes en los procesos penales y participar activamente en el expediente desde la primera audiencia. Según el Presidente, ese cambio busca corregir lagunas del sistema anterior, en el que, dijo, el querellante limitaba su actuación a presentar la denuncia sin seguimiento procesal efectivo.

“Hoy día el querellante debe formar parte activa del expediente desde la primera audiencia que se da en materia de delito”, aseguró Mulino, y recalcó: “Esto no se trata de eso; son funcionarios del Estado bajo la coordinación del Ministerio Público, que será quien decida si intervienen o no”.

El jefe del Ejecutivo evocó además que la decisión responde a la preocupación por la percepción de impunidad y la acumulación de procesos penales sin resoluciones efectivas. Relató que convocó una reunión interinstitucional en la Presidencia a la que asistieron el ministro de Gobierno, el ministro de la Presidencia, el procurador general de la Nación, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el ministro de Economía y Finanzas, con el objetivo de consensuar mecanismos que defiendan los intereses del Estado en materia penal.

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En sus declaraciones, Mulino volvió a referirse a la gestión de administraciones pasadas, afirmando que durante esos periodos existieron prácticas destinadas a perseguir adversarios políticos, y señaló que la nueva unidad procura evitar ese tipo de arbitrariedades.

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El Presidente concluyó pidiendo calma y confianza en que la nueva institución operará dentro del marco legal y bajo la coordinación del Ministerio Público, respetando las garantías procesales y buscando una mayor eficacia en la persecución de delitos de impacto público.