En un país bendecido por la abundancia hídrica pero marcado por profundas desigualdades de acceso, la descentralización se ha convertido en una herramienta estratégica para garantizar el derecho humano al agua potable. Entre 2024 y 2025, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha destinado más de $6.27 millones a 472 proyectos prioritarios de agua y saneamiento en comunidades vulnerables, financiados con fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Uno de los ejemplos más transformadores es el sistema de abastecimiento con energía solar implementado en Akua Yala, comarca Madugandí, que beneficia actualmente a 300 familias con acceso diario a agua segura. Esta iniciativa no solo mejora la salud de los residentes, sino que también impulsa el desarrollo local.
Panamá se posiciona como líder regional en inversión per cápita en agua y saneamiento, con $49.8 por habitante, y un total acumulado de más de $1,179 millones desde 2001. Sin embargo, el país aún enfrenta importantes desafíos: el 5.6% de la población no tiene acceso básico a agua potable y, en zonas rurales, una de cada tres familias carece de suministro constante.
Las comarcas indígenas reflejan las mayores brechas. En Ngäbe Buglé, apenas el 41% de los hogares accede a fuentes mejoradas de agua, y en Emberá Wounaan la cifra desciende al 31%. Estas desigualdades afectan la salud pública, el desarrollo infantil y la productividad de las familias, frenando el progreso sostenible de los distritos más rezagados.
Desde la aprobación de la Ley 66 de 2015, reformada por la Ley 37 de 2009, los municipios panameños han adquirido la capacidad de identificar, planificar y ejecutar proyectos de agua y saneamiento con autonomía y participación comunitaria. A través del Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), se canalizan recursos hacia iniciativas que responden directamente a las necesidades locales.
Panamá avanza con decisión hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6, que busca garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento. Con 52 cuencas hidrográficas, más de 500 ríos y el mayor índice de lluvias de Centroamérica, el país tiene el potencial hídrico para lograrlo, pero requiere inversión sostenida, educación sanitaria y cooperación institucional.
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El enfoque de descentralización no solo mejora la eficiencia de la inversión pública, sino que también promueve un modelo de desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible. En cada proyecto hidráulico ejecutado desde los municipios, se refleja un paso tangible hacia un Panamá donde el agua deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho garantizado para todos.
