Guayaquil (Ecuador) (EFE).Guayaquil (Ecuador) (EFE).Guayaquil (Ecuador) (EFE)Guayaquil (Ecuador) (EFE). El referéndum que se celebrará este domingo, 16 de noviembre de 2025, en Ecuador ha captado la atención del Gobierno de Estados Unidos, pues una de las preguntas plantea habilitar nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en el país. Esta decisión abriría la puerta a que Washington recupere una posición estratégica en el Pacífico Este Tropical, donde ya operó en distintas etapas hasta su salida en 2009 durante el Gobierno de Rafael Correa.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han expresado el interés de la Administración de Donald Trump en regresar a territorio ecuatoriano si el electorado respalda el “Sí”. Durante su reciente visita a Quito, Rubio afirmó que analizarían una invitación oficial, destacando el valor estratégico del área para combatir el narcoterrorismo y la pesca ilegal.
Noem visitó junto al presidente Daniel Noboa las bases de Manta y Salinas, luego de que el mandatario descartara el uso de las islas Galápagos ante críticas de sectores ambientalistas.
Noboa ha insistido en que no necesariamente se trataría de bases militares tradicionales, sino de instalaciones de “control de pesca ilegal” o “control de drogas” que podrían incluir cooperación multinacional.
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El Gobierno ecuatoriano sostiene que un eventual retorno permitiría fortalecer la seguridad marítima y las operaciones contra el tráfico de drogas, un problema que mantiene rutas activas desde la costa hacia Centroamérica y Estados Unidos. En la actualidad ambos países mantienen convenios de cooperación a través de los Guardacostas.
Durante los recorridos, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó la necesidad de alianzas con Estados Unidos y otros países en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ecuador también ha conversado con Brasil sobre la posibilidad de instalar una base de policía amazónica en Sucumbíos y Orellana.
Desde el correísmo, la propuesta enfrenta un rechazo frontal.
Rafael Correa y Luisa González sostienen que la presencia estadounidense no resolvió los problemas de seguridad y que, durante su permanencia en Manta, se produjeron “abusos” sin consecuencias legales. González acusó a Noboa de intentar “entregar nuestro país, nuestra soberanía” y planteó como alternativa fortalecer a la Policía con presupuesto y equipamiento.
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