La posible reactivación del procesamiento y exportación del material rocoso de Cobre Panamá podría convertirse en un impulso clave para el empleo, la economía local y los ingresos del Estado, especialmente en las provincias que se vieron afectadas por el cierre de las operaciones mineras en 2023.
Según estimaciones de la empresa, el material extraído y pendiente de procesamiento permitiría producir alrededor de 300,000 toneladas de concentrado de cobre destinadas a los mercados internacionales. Para manejar estos volúmenes, sería necesario incrementar la mano de obra y reactivar la contratación de bienes y servicios a proveedores locales, generando un efecto multiplicador en sectores como transporte, comercio y servicios.
Este movimiento económico tendría impacto directo en provincias como Coclé, Colón, Veraguas y Chiriquí, contribuyendo a la recuperación de actividades productivas que se vieron paralizadas tras el cierre de la mina.
El escenario internacional también juega a favor de esta operación. El precio del cobre se mantiene en niveles elevados, alrededor de $13,000 por tonelada, impulsado por temores de escasez del metal rojo y conflictos laborales en minas de Chile, el mayor productor mundial.
En este contexto, la decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de autorizar el procesamiento y exportación del material rocoso permitiría que el Estado panameño perciba ingresos que podrían superar los $100 millones, una cifra significativamente mayor a los cerca de $30 millones generados en 2025 por la exportación de 120,000 toneladas de concentrado.
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Más allá del ingreso fiscal, la medida representaría una oportunidad para reactivar la economía nacional, fortalecer el empleo formal y generar confianza en sectores productivos estratégicos para el país.
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