El proceso judicial que se sigue contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por un presunto enriquecimiento injustificado avanza en su fase investigativa, en medio de cuestionamientos planteados por su equipo legal sobre la forma en que se han estructurado las investigaciones.
6Según la defensa, Carrizo enfrenta múltiples carpetas abiertas relacionadas con un mismo hecho, situación que consideran podría vulnerar principios del debido proceso. Los abogados señalaron que han entregado documentación para sustentar los ingresos del exfuncionario y que han colaborado con las autoridades desde el inicio de las diligencias.
En una de las investigaciones, el Ministerio Público habría emitido reservas preliminares, tras realizar verificaciones financieras, incluyendo consultas a entidades bancarias locales, con el objetivo de establecer si existen elementos que configuren el delito señalado.
La carpeta más reciente surge a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual permaneció bajo reserva hasta esta semana. De acuerdo con la defensa, fue entonces cuando conocieron la cifra que se atribuye como supuesto enriquecimiento injustificado.
Mientras tanto, el exvicepresidente se mantiene a órdenes de las autoridades, cumpliendo el protocolo legal que incluye una evaluación médica y su traslado a un centro de detención transitoria, a la espera de la audiencia de control correspondiente, que podría realizarse en las próximas horas.
El caso ha generado atención pública debido al alto perfil del exfuncionario y al contexto político en el que se desarrolla. Analistas consideran que su desenlace será observado como un termómetro del respeto al debido proceso y de la capacidad del sistema judicial para conducir investigaciones complejas con transparencia y rigor técnico.
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Las autoridades judiciales no han emitido aún un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos de la defensa, mientras continúan las diligencias dentro del marco legal establecido.
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