El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por la coalición Vamos contra la resolución que amplió las facultades de la Contraloría General de la República, incluyendo la posibilidad de ordenar medidas cautelares como el secuestro de bienes y la suspensión de salarios a funcionarios o personas sujetas a procesos de fiscalización.

La demanda cuestionaba el alcance de estas atribuciones, al considerar que podrían vulnerar garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa. No obstante, tras el análisis correspondiente, el Pleno determinó que la acción no cumplía con los requisitos necesarios para su admisión, por lo que no entró a evaluar el fondo del reclamo.

Con esta decisión, la resolución impugnada se mantiene vigente, permitiendo a la Contraloría continuar aplicando las medidas cautelares contempladas como parte de sus funciones de control y fiscalización del uso de los recursos públicos.

La coalición Vamos había advertido que la ampliación de estas facultades podría prestarse para abusos o interpretaciones discrecionales, mientras que la Contraloría ha sostenido que dichas herramientas son necesarias para proteger el patrimonio del Estado y evitar posibles perjuicios económicos durante las investigaciones.

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El fallo del Pleno cierra, por ahora, la vía constitucional sobre este tema, aunque no se descarta que puedan presentarse nuevas acciones legales por otras vías.

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