Panamá dio un paso inédito en la región con la entrada en vigencia de la Ley 513 del 20 de marzo de 2026, sancionada este viernes por el presidente José Raúl Mulino, que crea un programa de pasantías pagadas para jóvenes en formación o recién egresados que buscan abrirse espacio en el mercado laboral formal.
La normativa establece un nuevo esquema dirigido a personas de entre 18 y 25 años, así como a menores de edad que ya hayan culminado la educación media, con el propósito de brindarles experiencia práctica dentro de empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro establecidas en el país.
El programa contempla que cada pasantía tenga una duración máxima de 12 meses, con jornadas de hasta 40 horas semanales, durante las cuales el participante recibirá un subsidio mensual de B/.450.00. Este pago no será considerado salario, por lo que no generará deducciones fiscales ni obligaciones de seguridad social.
Con esta medida, el Gobierno busca facilitar la transición de los jóvenes hacia el empleo formal, al tiempo que intenta reducir el desempleo juvenil mediante espacios de aprendizaje práctico dentro del sector privado.
La ley aclara que la pasantía no crea automáticamente una relación laboral entre el joven y la empresa, ni da lugar a prestaciones propias de un contrato de trabajo. Sin embargo, las entidades participantes deberán garantizar una póliza de seguro por riesgos profesionales para proteger al pasante durante su formación.
También se establecieron límites para evitar que las empresas reemplacen plazas laborales con pasantes. Según la norma, las compañías con hasta 50 trabajadores podrán incorporar dos pasantes; las que tengan entre 50 y 100, cuatro; entre 100 y 200, seis; y las que superen los 200 empleados, hasta el 3% de su planilla.
Las empresas que incumplan estos topes o sustituyan empleos formales por pasantías podrán enfrentar multas que van de B/.250.00 a B/.500.00, mientras que aquellas que deseen superar el límite deberán solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
La ley también obliga al Mitradel a habilitar mecanismos confidenciales para que los pasantes puedan denunciar irregularidades, abusos, maltratos, acoso, discriminación o incumplimientos dentro del programa.
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La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, sostuvo que esta legislación busca corregir una deuda histórica con miles de jóvenes que realizaban pasantías sin recibir compensación, y subrayó que se trata de una herramienta para fortalecer habilidades y mejorar las posibilidades de inserción laboral.
El programa tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de extenderse una sola vez por otros tres años mediante decreto ejecutivo.
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