La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó la sanción de 15 servidores públicos en distintos expedientes administrativos recientes, como parte de su labor de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas éticas en la administración pública.

Según la entidad, estas acciones reafirman su compromiso con la transparencia, la ética y el correcto manejo de los recursos del Estado, al señalar que el servicio público debe ejercerse con integridad, imparcialidad y apego estricto a la ley.

Entre los casos destacados, ANTAI detalló que en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) se determinó que una directora nacional mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, situación considerada incompatible con el Código de Ética de los Servidores Públicos. Como resultado, se recomendó la destitución del funcionario vinculado y se impuso a la directora una sanción económica equivalente al 50 % de su salario.

En otro expediente, la Universidad de Panamá, específicamente en su extensión de Veraguas, fue escenario de una investigación que comprobó la existencia de un conflicto de interés, luego de verificarse que dos servidores públicos con vínculo conyugal laboraban dentro de la misma unidad administrativa, comprometiendo la objetividad e independencia en sus funciones. Ambos fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

Asimismo, en la provincia de Panamá, dentro de la misma casa de estudios superiores, se confirmó un caso de nepotismo, por lo que dos funcionarios también fueron sancionados por mantener vínculos de familiaridad contrarios al Código de Ética.

La ANTAI también reportó que en el Municipio de Colón se detectaron actos de nepotismo cometidos por dos servidoras públicas. Tras el análisis correspondiente, se recomendó la destitución de una de ellas, mientras que la otra recibió una sanción económica, de acuerdo con el nivel de responsabilidad identificado en cada caso.

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Con estas medidas, la entidad busca enviar un mensaje claro sobre la necesidad de reforzar la ética en las instituciones públicas y prevenir prácticas que afecten la confianza ciudadana en la gestión estatal.

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