El Gobierno Nacional aprobó un mecanismo que le permitirá intervenir de manera temporal en los precios de los combustibles, con el fin de amortiguar el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional sobre el costo local de la gasolina y el diésel.
La medida quedó establecida mediante la Resolución de Gabinete N.° 20 del 31 de marzo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y otorga al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la facultad de aplicar acciones de estabilización en los precios de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como del diésel bajo en azufre.
Según el contenido del documento, este mecanismo no será permanente, sino una herramienta excepcional que podrá activarse en función de la volatilidad del mercado petrolero internacional. La intención es que el Estado tenga la capacidad de responder cuando los precios externos generen presiones significativas sobre el mercado nacional.
La resolución indica que las revisiones se harán de forma quincenal, tomando como base los informes técnicos de la Secretaría Nacional de Energía, institución encargada de analizar el comportamiento del crudo y sus derivados, así como su efecto en Panamá.
No obstante, la aplicación de este sistema estará sujeta a la disponibilidad de recursos del Estado, por lo que cualquier ajuste o medida dependerá de la capacidad presupuestaria del Gobierno para asumir el costo de la estabilización.
El texto también deja claro que el alcance del beneficio estará enfocado en actividades esenciales, aunque no precisa de inmediato cuáles sectores serán incluidos, lo que abre la puerta a futuras definiciones por parte de las autoridades.
A diferencia de otros esquemas, esta resolución no fija un subsidio específico ni un monto determinado de compensación. En su lugar, establece un marco flexible que permitirá al Ejecutivo adoptar distintas fórmulas administrativas o financieras para contener el alza en los precios de los combustibles.
Asimismo, se contempla que el mecanismo sea revisado de manera constante para decidir su continuidad, ajuste o eventual suspensión, dependiendo del comportamiento del mercado energético y del panorama fiscal del país.
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Con esta decisión, el Ejecutivo crea una herramienta legal para actuar de manera puntual ante eventuales aumentos en los combustibles, bajo criterios técnicos y financieros.
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