El presidente José Raúl Mulino reaccionó a la investigación del Ministerio Público por un presunto fraude en la Dirección General de Ingresos (DGI), que mantiene a más de una docena de personas aprehendidas, y aseguró que el Estado sufrió un perjuicio millonario que supera los 40 millones de dólares.

Mulino señaló que la falta de controles tecnológicos permitió que se concretara la supuesta estafa mediante créditos fiscales falsos, por lo que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la DGI trabajan en reforzar los sistemas de seguridad.

El mandatario afirmó que en el caso estarían involucrados funcionarios y particulares que se habrían beneficiado de estas operaciones, y lanzó un llamado a los servidores públicos a actuar con transparencia, advirtiendo que quienes incurran en actos de corrupción enfrentarán la justicia.

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Mulino también se refirió a las investigaciones contra exfuncionarios por otros casos de corrupción y pidió respetar el debido proceso, aunque destacó que espera que los tribunales tomen decisiones lo antes posible para determinar responsabilidades.

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