Los funcionarios presuntamente vinculados a las irregularidades detectadas en la Dirección General de Ingresos (DGI) fueron separados de sus cargos como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar el desarrollo de las investigaciones.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que también se ordenó el congelamiento de todos los trámites fiscales bajo sospecha y se solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría integral para establecer cómo operó el esquema, identificar posibles responsables y detectar las fallas en los mecanismos de control.

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Chapman sostuvo que las anomalías corresponden a un esquema que se originó años atrás y que la actual administración ha asumido la tarea de enfrentarlo y corregirlo, con el propósito de proteger los recursos públicos y reforzar la transparencia en la gestión tributaria.

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