Un ciudadano colombiano no pudo ingresar a Panamá luego de que las autoridades migratorias detectaran durante los controles de ingreso elementos que lo vincularían con estructuras criminales.

El pasajero llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen y declaró que su visita al país tenía fines turísticos. Sin embargo, durante la entrevista migratoria surgieron inconsistencias y señales de alerta que motivaron una revisión más detallada de su caso.

Según las autoridades, el extranjero manifestó haber solicitado anteriormente refugio tras recibir amenazas atribuidas al grupo denominado “La Inmaculada”. A esto se sumó la identificación de símbolos relacionados con organizaciones delictivas y su presunta vinculación con dos estructuras criminales, entre ellas el Tren de Aragua, de la cual habría manifestado ser miembro activo.

Ante estos elementos, las autoridades consideraron que existían motivos fundados para determinar que su ingreso podía representar una afectación a la seguridad y al orden público.

La decisión fue adoptada con base en el Artículo 50 del Decreto-Ley 3 del 22 de febrero de 2008, que faculta a las autoridades migratorias a impedir el ingreso de extranjeros cuando existan razones relacionadas con la seguridad nacional o el orden público.

Tras la evaluación correspondiente, se le negó el ingreso al territorio panameño y se ordenó su retorno a Colombia.

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El procedimiento evidencia los controles aplicados en los puntos de entrada al país para identificar posibles vínculos con organizaciones criminales y evitar que personas consideradas de riesgo ingresen al territorio nacional.

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