El futuro de Cobre Panamá queda ahora en manos del Ejecutivo, luego de que la Comisión Interministerial entregara al presidente José Raúl Mulino su informe final con 17 recomendaciones y seis criterios para una eventual solución al conflicto generado por el cierre de la operación minera.

El documento no representa una decisión ni autoriza el reinicio de las actividades. La Comisión recomienda evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha que conduzca posteriormente a un cierre ordenado del sitio, sin costo para el Estado y en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los criterios planteados está mantener la rectoría del Estado y la propiedad de la Nación sobre los yacimientos minerales, garantizar que la solución no represente un costo fiscal para los panameños, asegurar transparencia verificable, priorizar a las personas afectadas directamente por el cierre y establecer mecanismos de supervisión bajo estándares internacionales.

La propuesta establece que la huella territorial de la mina no aumente y que se reduzca progresivamente. También plantea fijar una fecha para el cierre final, identificar y cuantificar los pasivos que permanezcan y garantizar su financiamiento.

El informe recomienda además que el cierre sea progresivo, con metas y plazos por cada frente de trabajo, para evitar que las obligaciones ambientales se acumulen hasta el final del proceso.

Otro punto planteado es que cualquier eventual acuerdo permita resolver los procesos arbitrales internacionales pendientes. El informe señala que las reclamaciones acumuladas alcanzan, en sus montos mínimos, unos 27 mil millones de dólares, aunque aclara que se trata de cantidades reclamadas y no de una deuda reconocida por Panamá ni de montos adjudicados.

La Comisión también expone el impacto económico generado por la falta de definición sobre el futuro del sitio. Según el informe, cada día sin un marco definido representa aproximadamente B/.6.85 millones que el país deja de generar en divisas, además de B/.3.79 millones menos en aporte al producto nacional.

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El documento advierte además que un cierre sin ningún acuerdo tendría un costo estimado de entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones, incluyendo el cierre y el mantenimiento posterior durante un período de entre 17 y 19 años.

La Comisión plantea, por ello, que una eventual solución no genere costos al Presupuesto General del Estado.

El informe también incorpora a las comunidades del área de influencia en la supervisión y vigilancia ambiental. Entre las propuestas figura fortalecer el monitoreo participativo y establecer un mecanismo de legado ambiental destinado a conservación, restauración, formación científica y educación ambiental.

Mientras tanto, el sitio permanece bajo un plan de preservación ordenado por el Estado y sin extracción minera en curso, según el informe. La Comisión señala que actualmente existe vigilancia y mantenimiento permanente de las instalaciones.

El presidente Mulino recibió el documento y anunció que lo estudiará antes de tomar una decisión. Los seis criterios planteados por la Comisión fueron asumidos por el mandatario como principios que no están sujetos a negociación.

Hasta ahora no existe un nuevo acuerdo con Cobre Panamá. La decisión sobre los próximos pasos corresponde al Ejecutivo.

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