La Contraloría General de la República suspendió temporalmente la participación de sus funcionarios en algunas juntas directivas, mientras espera un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración sobre la aplicación de las normas que regulan a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La institución elevó una consulta para determinar si sus representantes deben ser considerados dentro de esta categoría, debido a que algunos participan en juntas directivas solo con derecho a voz y sin voto.

La duda surge a partir del Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos, que incluye entre los cargos considerados PEP a miembros de juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales y determinadas sociedades de capital mixto.

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La Contraloría sostiene que sus funcionarios actúan como representantes institucionales y no intervienen directamente en la toma de decisiones de esos organismos al no contar con derecho a voto.

Ante las disposiciones vigentes, incluidas las incorporadas en 2026, la entidad optó por solicitar un criterio jurídico antes de definir cómo continuará la participación de sus funcionarios.

Mientras se recibe la respuesta de la Procuraduría, la suspensión se mantendrá como una medida preventiva para garantizar transparencia, seguridad jurídica y apego a la normativa.

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