El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.
El gobierno anunció la víspera el fin del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores, que defienden o repudian la acción.
Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.
“La decisión unilateral de presidente Morales (…) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”, sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.
En defensa de la acción de Morales, el senador estadounidense Mike Lee, republicano, publicó en Twitter que “Guatemala tiene todo el derecho de pronunciarse y defenderse de violaciones a su soberanía y abusos cometidos” por la Cicig.
Juristas debaten sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión: mientras unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.
Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la CC contra el mandatario, y cuatro de ellos solicitan la destitución de Morales.
Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra la medida gubernamental.
