El director del Consejo de Seguridad de Panamá durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), Alejandro Garuz, guardaba en su domicilio información sensible sobre sindicalistas, reveló este lunes la fiscalía durante el juicio que se lleva a cabo contra el exmandatario por presunto espionaje.
De acuerdo a una de las pruebas evacuadas por la fiscalía y admitidas por el tribunal, durante una inspección de la vivienda de Garuz en 2015 se encontraron dispositivos digitales con archivos multimedia y los nombres de varios sindicalistas.
Entre los presuntamente espiados, y nombrados por la fiscalía durante el juicio, figuran Mariano Mena, exdirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados; Yadira Pino, miembro de una asociación de educadores; y Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá.
«¿Qué hace un servidor público con conversaciones de dirigentes magisteriales, qué riesgo de terrorismo o delincuencia organizada puede representar un dirigente magisterial?», inquirió ante periodistas el fiscal Ricaurte González.
«No hay constancia de que exista una autorización judicial» para estos seguimientos, añadió González.
Garuz fue condenado este año, junto al también exdirector del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez, ambos bajo el mandato de Martinelli, a cuatro años de cárcel por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.
Los sindicatos acusaban al gobierno de Martinelli de ser una «dictadura civil» en beneficio personal del exgobernante.
Medina dijo a AFP que «no es casualidad» los hallazgos de la fiscalía en el domicilio del exjefe de seguridad del Estado panameño, ya que, durante el gobierno de Martinelli «se perseguía a dirigentes sindicales» y hubo «una actitud de confrontación abierta y directa contra el movimiento sindical».
Sin embargo, Sidney Sittón, abogado del expresidente, dijo desconocer la información de los dispositivos.
«Esa diligencia que se hizo en casa de Alejandro Garuz violó la Constitución, (ya que) el fiscal llegó, se llevó los dispositivos y no tenía autorización de absolutamente nadie», indicó Sittón.
Martinelli, actualmente detenido, está siendo juzgado por presuntamente espiar, entre 2012 y 2014, a unos 150 opositores a su gobierno, por lo que la fiscalía ha pedido 21 años de cárcel para el exgobernante.
El expresidente, de 67 años, está acusado de crear y liderar «un aparato organizado de poder» al margen del Estado para la «vigilancia y seguimiento de personas» críticas con su gestión, además de desviar fondos públicos para la adquisición del equipo de espionaje.
«Los pinchazos se dieron», según González.
En este caso hay más de 3.200 hojas con información y conversaciones de las posibles víctimas de espionaje, cuya audiencia sigue el martes.
Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami.
