El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que a raíz de “chantajes” ha ordenado a sus delegados “suspender todo contacto” con el saliente gobierno para organizar el acto de su toma de posesión el próximo 1 de junio.

“Después de días de chantajes de @presidencia_sv, tratando de negociar cosas que nada tienen que ver, a cambio de hacer una toma de posesión (acto que se ha hecho siempre en nuestra historia reciente), he instruido a nuestras delegadas a suspender todo contacto con el gobierno”, señaló Bukele en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter la noche del miércoles.

El mandatario electo no precisó qué cosas ha intentado negociar la Casa Presidencial a cambio de participar en la organización del acto de toma de posesión.

Sin embargo, Bukele se refirió al actual secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y dijo que “se equivoca” si cree que el presidente electo dejará de “criticar a la administración saliente a cambio de un acto de protocolo”.

Por procedimiento constitucional, se establece que será el Congreso el responsable de tomar “la protesta” y “dar posesión de su cargo” al nuevo presidente y vicepresidente de la República que ejercerán su función por los próximos cinco años a partir del 1 de junio.

El presidente del Congreso, Norman Quijano, aseguró que por su parte está “en plena disposición” para que se efectúe una sesión solemne, a la que acuden únicamente invitados, para tomar la protesta al nuevo mandatario.

En las últimas semanas Bukele ha denunciado públicamente diversas situaciones que estarían ocurriendo en el órgano Ejecutivo como la presunta contratación en instituciones de gobierno de personas cercanas al partido oficialista el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El mandatario electo también denunció que supuestamente actuales funcionarios de gobierno se habrían cambiado de puesto para garantizar su permanencia como empleados estatales luego que el nuevo gobierno asuma funciones.

Más recientemente, Bukele criticó al saliente presidente Salvador Sánchez Cerén, por su decisión de ratificar un decreto del Congreso que obliga a transferir a partir de 2020 más fondos estatales a las 262 alcaldías del país, pero sin garantizar una fuente de financiamiento para ello.