AFP – Caracas, Venezuela
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inició una visita a la devastada Venezuela, cuyo gobierno se expresó dispuesto a “corregir” con su ayuda lo que haga falta para proteger a la población.
“Espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos”, señaló Bachelet en Twitter tras su arribo a Caracas la tarde del miércoles, por invitación del presidente Nicolás Maduro.
La diplomática, que anunció una declaración para el viernes cuando concluye su estancia, se reunió en la noche con el canciller Jorge Arreaza.
“Queremos que la oficina del alta comisionada de manera constructiva nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a (…) corregir lo que haya que corregir, a rectificar donde haya que rectificar para poder preservar los derechos humanos de los venezolanos”, dijo Arreaza tras la cita.
La oposición acusa a Maduro de una violación sistemática de las garantías fundamentales y de haber sumido al país en la peor crisis socioeconómica de su historia moderna.
En una declaración a través de la televisión gubernamental, el canciller añadió que también conversó con Bachelet sobre el impacto del “ilegal bloqueo financiero y comercial”, como se refiere a las sanciones de Estados Unidos para asfixiar a Maduro.
Arreaza dijo haber señalado al alta comisionada que esas medidas, que incluyen una prohibición a la venta de petróleo venezolano en el mercado estadounidense, dificultan el “avance del modelo de protección de los derechos humanos” del gobierno socialista.
Según Caracas, las sanciones complican la importación de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios, y han causado un daño de unos 30.000 millones de dólares a la economía.
Bachelet es crítica de esas medidas, pues según ha dicho teme que repercutan sobre los “derechos básicos y el bienestar de la población”, en un país donde el petróleo financia 96% del presupuesto.
– “Que sea para bien” –
Más temprano, Maduro confió en que la presencia del alta comisionada “sea para bien, escuchar recomendaciones, propuestas de alto nivel profesional (…), para que Venezuela mejore”.
La expresidenta chilena sostendrá encuentros con el mandatario y con el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países tras autoproclamarse hace cinco meses.
Según la ONU, desde 2015 unos cuatro millones de venezolanos emigraron por la crisis, marcada por escasez de bienes básicos, una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019, así como por el colapso del sistema de salud y los servicios públicos.
La visita no escapa al pulso por el poder.
Maduro reivindica que Bachelet llegó con su venia, mientras Guaidó, jefe parlamentario, sostuvo el miércoles que su presencia es un “reconocimiento de la catástrofe” que vive el país con las mayores reservas petroleras.
Bachelet también se reunirá con “víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos”, según su oficina. Respaldadas por Guaidó, oenegés convocaron a movilizaciones el viernes para denunciar la situación.
– País en estado crítico –
La exmandataria se encontrará con un país cuya economía se redujo a la mitad entre 2013 y 2018, y donde la producción petrolera perdió dos millones de barriles diarios en la última década.
Una situación que ha llevado a que siete millones de personas -un cuarto de la población- necesite ayuda humanitaria urgente, según un informe de la ONU.
Se estima que 22% de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica y 300.000 pacientes están en riesgo por falta de tratamientos y medicinas, añade ese estudio.
La comisaria, que envió una avanzada en marzo, ha manifestado que la negativa del gobierno a reconocer las dimensiones de la crisis hace que la respuesta oficial sea insuficiente.
Bachelet también ha denunciado la “criminalización de la protesta”.
A inicios de este año, con motivo de manifestaciones, refirió denuncias sobre “uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas” por parte de autoridades.
Familiares de presos por motivos políticos (693 según la ONG Foro Penal) le piden que interceda por su libertad. Maduro niega la existencia de “presos políticos”.
El lunes, el diputado opositor Gilber Caro fue liberado tras casi dos meses de arresto, pero un colega está preso y otros 14 refugiados en embajadas o en la clandestinidad por apoyar un fallido alzamiento militar contra Maduro, liderado por Guaidó, el 30 de abril.
