La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional asumirá esta semana la evaluación de los dos nuevos magistrados propuestos por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ).
Los designados son Gisela del Carmen Agurto Ayala, propuesta para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y Carlos Ernesto Villalobos Jaén, nominado para la Sala Primera de lo Civil. Ambos cargos son considerados estratégicos dentro del máximo tribunal del país, y sus nombramientos han generado atención y debate en diversos sectores.
Desde organizaciones de la sociedad civil, gremios jurídicos y actores políticos, se ha hecho un llamado a que el proceso de evaluación se base en criterios de transparencia, mérito y trayectoria profesional. Las voces coinciden en que los nuevos magistrados deben contribuir al fortalecimiento de la independencia judicial y a recuperar la confianza ciudadana en la justicia panameña.
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La Comisión legislativa tiene la tarea de revisar los antecedentes académicos, profesionales y éticos de los candidatos, antes de emitir una recomendación formal al pleno de la Asamblea Nacional, que será el responsable de aprobar o rechazar dichas designaciones.
El proceso de nombramiento ocurre en un momento en que la independencia y eficiencia del Órgano Judicial continúan siendo objeto de escrutinio público. Se espera que las próximas sesiones legislativas estén marcadas por un análisis riguroso, dada la relevancia de estos cargos para la administración de justicia en el país.





