Con el propósito de detener  la ola  de violaciones contra la integridad de los  niños, que va en aumento, se inició el debate del proyecto de Ley 584, que  propone el aumento de penas para todos los delitos relativos a la corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El tema trajo a colación nuevamente el punto encontrado de que incrementar las penas no significa disminuir el problema y el que, por otra parte, aboga en  la prevención o la rehabilitación de los abusadores.

Según el parlamentario Iván Picota, uno de los motivadores de la normativa, es hora de endurecer el peso de la ley contra esos pedófilos, los cuales cometen aberraciones contra los niños y truncan de alguna forma su niñez, adolescencia y adultez.

Picota destacó que su propuesta va dirigida a que se castigue con 30 años cárcel a estas personas, a las cuales denominó “monstros”. Sin embargo, reconoció que es un punto del cual se debe llegar a consenso antes de su aprobación.

Los diputados al hacer uso de la palabra coincidieron en que ese tipo de atrocidad es un tema que mueve pasiones, pero concordaron, al igual, que se legislaría con la sapiencia hacia lograr un normativa que inhiba las intenciones de los potenciales violadores.   

Los representantes del Ministerio Público, del Órgano Judicial, de la Secretaria de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (SENIAF), así como  de la sociedad civil opinaron que no solo se debe hacer la observancia legal en cuanto a la sanción sino de manera integral con respecto a tratar psicológicamente  a ese niño violentado y a todo los miembros que componen ese hogar lastimado.

 

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