La definición del futuro de la mina Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso y operada por First Quantum Minerals, se perfila como una de las decisiones más relevantes del Gobierno Nacional en 2026, tanto por su impacto en la economía, el empleo y las finanzas públicas, como por sus implicaciones ambientales y sociales.

El presidente José Raúl Mulino anunció que será en el mes de junio cuando el Gobierno adopte una decisión final sobre la operación minera, tras un proceso que —según destacó— se desarrolla con soporte técnico, institucional e internacional, a fin de garantizar una resolución responsable, sustentada y transparente.

El mandatario explicó que el análisis incluye asesoría especializada en materia minera, así como una auditoría ambiental independiente, actualmente a cargo de una empresa francesa, cuyo objetivo es evaluar el estado ambiental del proyecto y establecer criterios técnicos que respalden la determinación final del Estado panameño.

Mulino subrayó que la evaluación no se limita al componente económico, sino que incorpora una visión integral, en la que convergen la protección ambiental, la seguridad jurídica, la responsabilidad social y el impacto laboral que representa la mina, considerada una de las mayores fuentes de empleo directo e indirecto del país.

En el plano social, el presidente destacó que parte de los recursos ya aportados por la mina serán canalizados hacia la generación de 5 mil empleos, mediante el programa Mi Primer Empleo, una iniciativa gubernamental orientada a insertar a jóvenes en el mercado laboral formal, fortaleciendo la capacitación y reduciendo el desempleo juvenil.

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El anuncio refuerza la postura del Ejecutivo de vincular las decisiones estratégicas del Estado con beneficios sociales concretos, especialmente en un contexto de recuperación económica y demanda de mayores oportunidades laborales.

La mina Cobre Panamá ha sido objeto de amplio debate nacional, tanto por su peso en el Producto Interno Bruto, las exportaciones y la recaudación fiscal, como por las preocupaciones ambientales y legales que rodean su operación. La decisión que se adopte en junio será determinante para definir el modelo de desarrollo, la política minera y la relación del Estado con proyectos de gran escala.

El Gobierno reiteró que cualquier resolución estará alineada con el interés nacional, el cumplimiento del marco legal y la necesidad de ofrecer certeza al país, a los trabajadores y a las comunidades vinculadas directa e indirectamente al proyecto.

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